Será una semana compleja para el Gobierno nacional en el Congreso de la Nación, donde se expone a una derrota doble en el Senado y una victoria pírrica en Diputados, si es que logra finalmente sumar 86 votos para sostener el veto al aumento a las jubilaciones, una medida por la que paga un alto costo político, según advierten distintas encuestas.

En Diputados, el escenario aparece más amigable para el Gobierno nacional:La Libertad Avanza confía en sostener el veto. “Hay una utilización política de quienes quieren rechazar el veto porque saben que la plata para (aumentar) las jubilaciones no está.

La solución de fondo es más inversiones para que haya más aportantes. Darle la suba a los jubilados es meterle plata por un bolsillo y sacársela por el otro, y perjudicar a todo el pueblo, porque la inflación es para todo el pueblo”, dice Gabriel Bornoroni, jefe de bloque oficialista.

Más allá de los encontronazos por la maniobra de Mauricio Macri para desplazar a Martín Menem de la presidencia de la Cámara, el acuerdo entre LLA y el PRO se mantiene sólido. De hecho, en el poroteo previo contabilizan a los diputados que le responden a Horacio Rodríguez Larreta junto con los de Macri y Patricia Bullrich. Si no votan con el Gobierno, quizá se ausenten, y ese sería un problema para el oficialismo si la votación se ajusta.

El escenario es imprevisible en el bloque radical (34 escaños), hoy partido en tres facciones internas:quienes responden a Facundo Manes; los de Evolución, que se referencian en Martín Lousteau; y los siete u ocho que responden al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, grupo que sostiene a Rodrigo de Loredo en le presidencia del bloque. Manes y Lousteau rechazarán el veto, por lo que la duda son los de Cornejo.

Los 16 de Encuentro Federal parecen decididos a rechazar el veto. Como se recordará, en este colectivo que comanda Miguel Ángel Pichetto viajan los diputados que responden al Gobierno de Córdoba. Aunque Martín Llaryora se mantiene como un aliado de Milei, los cinco diputados peronistas rechazarían el veto porque en la ley aprobada se incluye el pago de la deuda que Nación tiene con la Caja de Jubilaciones.

El mayoritario bloque de Unión por la Patria (99), Encuentro Federal, la mayoría de la UCR, la izquierda y la Coalición Cívica intentarán llegar a los 172 votos que, como máximo, se requieren para rechazar el veto presidencial. “Muy difícil, no imposible”, dicen en la cooperativa anti veto.

Al Gobierno le quedan varias balas en la cartuchera: la próxima semana y en un hecho inédito, Javier Milei presentará en el Congreso el presupuesto del año próximo, por lo que puede haber un toma y daca con los gobernadores con incidencia en el PJ, la UCR y en Encuentro Federal.

En el Senado

En la Cámara Alta, el escenario aparece mucho más complicado para el Gobierno. La interna más feroz que sobrelleva Milei es con Victoria Villarruel, la presidenta del Senado. La cámara, además, está atravesada por el escándalo de los ñoqui

Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical se encaminan a darle sanción a la ley de presupuesto universitario, lo que derivará en un nuevo veto presidencial, cuando el conflicto en las universidades públicas escala. El veto alimenta la realización de una nueva marcha federal universitaria, hasta ahora la expresión de rechazo a Milei más masiva desde que llegó a la Casa Rosada, hace nueve meses.

Lo que sí parece un hecho es que el Congreso derogue el decreto 656 a través del cual el jefe del Estado le asignó 100.000 millones de pesos en fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).

El decreto fue rechazado por 156 diputados (52 lo aprobaron), convirtiéndose hasta ahora en la mayor derrota legislativa para el Gobierno.

El jueves 12 tiene fecha el tratamiento del decreto en el Senado, donde también la oposición podría construir un dos tercios que deje al Gobierno sin este instrumento. Sin embargo, desde la Casa Rosada se hizo saber que para garantizar los fondos oscuros a la Side se enviarían nuevos decretos por montos menores, aunque la cuenta global será por 100.000 millones de pesos.

Todo esto mientras el Gobierno trata que le aprueban los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para armar una nueva Corte Suprema.