El juez federal Julián Ercolini rechazó el pedido de Alberto Fernández de presenciar la declaración testimonial de Fabiola Yañez quien lo denunció por violencia de género hace una semana. La decisión del magistrado fue adoptada minutos previos al inicio de la audiencia que encabezará el fiscal federal Ramiro González.

La ex primera dama presentó un escrito de veinte carillas, el lunes al mediodía en el Consulado argentino en España donde reveló todo tipo de hechos de violencia que incluyen golpes, maltratos psicológicos, insultos y la inducción a un aborto. En este contexto pidió que los delitos atribuidos al ex Jefe de Estado en el marco de la causa, sean agravados.

Yañez entró al Consulado para declarar pasadas las 10 de la mañana Argentina junto a su abogada Mariana Gallego.

Al detallar una extensa lista de sucesos de violencia a los que habría sido sometida, Yañez sostuvo haber sido víctima de "lesiones graves doblemente calificada por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad". También quiere que Fernández sea acusado por amenazas coactivas.

El fiscal federal, Ramiro González, tendrá a cargo la audiencia en la que se le tomará declaración testimonial a la víctima junto al juez Ercolini.

Fabiola Yañez, que será interrogada por el fiscal sobre cada uno de los puntos detallados en su escrito de veinte carillas, fue aceptada como parte querellante por el juez Ercolini a última hora del lunes, al entender que reúne todos los requisitos para ser tomada en cuenta como parte del expediente que se inició por su voluntad de radicar la denuncia penal.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal realizarán una serie de preguntas sobre todos los delitos atribuidos al ex mandatario en la última presentación que Yañez realizó bajo la representación legal de Mariana Gallego. Pero además, la justicia quiere cerciorarse de que Fernández no violó las medidas restrictivas impuestas por el juez Ercolini.

Las medidas precautorias adoptadas por el magistrado incluyen la prohibición de cualquier comunicación que pretenda establecer Alberto Fernández a título personal como por intermedio de terceras personas. Como la ex primera dama sostuvo la semana pasada que continuó hostigándola telefónicamente, incluso cuando las medidas cautelares estaba dictadas, se ordenó el secuestro de su celular.

La fiscalía a cargo de Ramiro González, quiere mayores detalles y precisiones sobre fechas y lugares donde se cometieron muchos de los hechos denunciados.

A la hora de Yañez hablo de hechos de violencia "graves y no leves. Detalló que las lesiones sufridas habrían dejado secuelas de daños psicológicos que le impidieron ejercer sus funciones y su vida normal por más de 30 días. Esa temporalidad es lo que distingue un delito del otro. Cuando el daño es menor en el cuerpo o en la salud, el Código Penal establece que deben entenderse como leves.

En referencia a ese aspecto hizo una extensa enumeración en la que habló de maltratos, hostigamiento, desprecio, agresiones, golpes, que “resultaban ser una constante”. A continuación dijo que todas esas conductas por parte de Alberto Fernández, eran una “habitualidad”, lo que habrían producido “indudables secuelas de carácter psicológico”.

Con más detalles del padecimiento sufrido, la ex primera dama señaló que todo ese contexto la condujo a por extensos períodos, a recibir tratamientos psicológicos, también psiquiátricos que incluyó la prescripción de medicamentos. La situación tiene como agravante, para la denunciante, que ese cuadro de acciones se sumaba a las lesiones: golpes temporales que se observaron en las fotografías que tomaron estado público y otras que adjuntó con la denuncia Yañez.

En otro tramo, denunció haber sido víctima también de violencia reproductiva y en ese apartado contó que a finales de 2016 el ex mandatario la habría inducido a realizarse un aborto.